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Ley sapo (ley de Inteligencia y Contrainteligencia) imita aspectos de la ley Patriota de George W. Bush

junio 6, 2008

El 11 de septiembre de 2001, dos aviones impactaron contra el World Trade Center en Nueva York, el foco del capitalismo mundial. Al-Qaeda, red terrorista islámica liderada por Osama bin Laden, se atribuyó los atentados donde murieron casi tres mil personas. El 26 de octubre, seis semanas después, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, promulgó la ley Patriota (USA Patriot Act, derivado de Uniting and Strengthening America by Providing Appropiate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), la contraparte norteamericana de la ley de Inteligencia y Contrainteligencia venezolana, decretada por el presidente Hugo Chávez el pasado 28 de mayo.

“Hoy tomamos un paso esencial para vencer el terrorismo y a la vez proteger los derechos de todos los estadounidenses. Con mi firma, esta ley dará a los funcionarios de inteligencia y oficiales que velan por el cumplimiento de la ley nuevas herramientas para luchar contra un peligro actual”, dijo el mandatario estadounidense al momento de firmar el ejecútese. “Los cambios que entran en vigor hoy, ayudarán a reaccionar a una amenaza como ninguna jamás enfrentada por nuestra nación. Hemos visto al enemigo, y el asesinato de miles de personas inocentes y confiadas. Aquellos no reconocen ninguna barrera de moralidad. No tienen conciencia. Con los terroristas no se puede razonar”.

Bush señaló que el proyecto tomaba en consideración los peligros del terrorismo moderno y que facilitaría herramientas para enfrentar la falsificación financiera, el contrabando y el lavado de dinero, también que daría a las agencias de inteligencia la posibilidad de vigilar las comunicaciones. “Esta nueva ley que firmo hoy permitirá la vigilancia de todas las comunicaciones utilizadas por los terroristas, entre ellas los mensajes de correo electrónico, internet y los teléfonos celulares”.

Restricción de derechos constitucionales

“Su objetivo era restringir una serie de derechos constitucionales, a fin de ampliar el poder represivo del Estado sin la intervención del poder judicial, a fin de poder garantizar la seguridad nacional y combatir el terrorismo”, se lee en la Wikipedia, enciclopedia digital. “Entre sus previsiones incrementa las facultades de las agencias represivas para vigilar las comunicaciones telefónicas y de correo electrónico, así como los registros públicos y privados, reduce las restricciones para acciones de inteligencia en otros países, aumenta el poder de la Secretaría del Tesoro para regular el mercado financiero y concede poder discrecional a las autoridades policiales y migratorias para detener y deportar a inmigrantes cuando se invoque que los mismos se sospecha de estar relacionados con el terrorismo”.

La American Civil Liberties Union (ACLU) fue una de las organizaciones que abiertamente se manifestó contra la ley. “Los estadounidenses de todas partes se verán afectados por las nuevas reglas, pero Florida tiene un gran número de inmigrantes y comunidades con religiones y étnias minoritarias que serán afectadas desproporcionalmente”, señaló Howard Simon, director ejecutivo de la ACLU en Florida en un foro hecho en junio de 2003. “Una de las estipulaciones más inquietantes de la ley autoriza a que el FBI pueda obligar a las compañías a entregar sus registros de clientes, incluyendo a las bibliotecas y librerías, así como doctores, universidades y proveedores de servicios de internet. Además, la ley prohibe a una organización que está siendo obligada a entregar registros, a que revele la existencia de esta investigación”.

Todo es clasificado y secreto

La excusa del terrorismo y de las amenazas externas que atentan contra la seguridad de la nación sirven a ambos documentos para justificar cualquier cosa, como se especifica en el artículo 6 de la ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Allí se pide además la cooperación de personas, organizaciones y comunidades, quienes serán sancionadas en caso de negarse a suministrar información. “Las personas que incumplan con las obligaciones establecidas en el presente artículo son responsables de conformidad con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación”, se anota en el artículo 16.

Otros detalles de la ley venezolana tienen que ver con que lo referente a seguridad y defensa no está sujeto a la ley ni requiere orden judicial o fiscal. “Todas las informaciones, documentos y objetos inherentes a la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, obtenidos en la actividad operativa y de investigación ejecutadas por los órganos con competencia especial, tendrán el carácter procesal penal de diligencias necesarias y urgentes, sin estar sujetas a otras condiciones temporales o materiales establecidad en la ley”, se lee en el artículo 20.

El periodismo deberá reorganizarse para responder a las exigencias de su especificidad. Cualquier operación o investigación es confidencial y no podrá ser levantada su clasificación, se dice en el artículo 21; los documentos de inteligencia y contrainteligencia son materia clasificada y su contenido es secreto, refiere en los artículos 25 y 28, y su publicación acarreará responsabilidades civiles y penales. “La publicación o revelación de actividades, informaciones, documentos y objetos declarados como confidencial o secreto, acarrerará las responsabilidades civiles, penales y administrativas establecidas por la ley”.

Soplones educativos

Norma Odreman, representante de la Cámara del Libro y experta en materia educativa, alertó que la ley de Inteligencia podría tener implicaciones en el sector educativo. Si bien el currículo bolivariano no especifica una vinculación directa, llama la atención un supuesto trabajo de “observación” que tendrían que hacer los alumnos en sus comunidades más allá de colaborar en la solución de problemas comunitarios. “Es algo que no está explícito y da para muchas interpretaciones. Pareciera que van a establecer en nuestros muchachos algún tipo de control sobre la vida de la comunidad. No podemos transformarlos en sensores”.

Lavar el cerebro

Para Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta (Unica), el trasfondo de esta normativa legal es influir en toda la población, particularmente en los niños. “Todo régimen autoritario al primero que quiere lavarle el cerebro es a los niños. Quieren crear una generación de soplones, miedosos y cómplices. Si analizamos los regímenes comunistas y fascistas los niños denunciaban a familiares por razones ideológicas”.

Dentro de la legalidad

La ley de Inteligencia de Chile, del 29 de octubre de 2002, decretada durante la presidencia de Ricardo Lagos, tiene diferencias notables con su contraparte venezolana.

1. Los organismos y servicios de inteligencia y sus integrantes deberán sujetarse siempre, en el cumplimiento de sus objetivos y funciones, a la Constitución Política y a las leyes de la República (artículo 3).

2. La inteligencia militar es una función que corresponde exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional (artículo 20). La conducción de los servicios de inteligencia militar corresponde al mando de las instituciones de las cuales dependen. La ley de Inteligencia nacional obliga a todos los venezolanos a ser órganos de apoyo, actuando como informantes del Estado.

3. La ley chilena respeta los procedimientos judiciales. Solicita autorización para emplear procedimientos de inteligencia.

4. En el artículo 36 la ley chilena especifica que el control externo corresponde a la Contraloría General de la República, a los Tribunales de Justicia y a la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Una autoridad extraconstitucional

El 27 de septiembre del año pasado Ann Aiken, una jueza federal del estado de Oregon, declaró contrarios a la Constitución de los Estados Unidos algunos elementos de la ley, según reportaron las agencias de noticias AP y AFP. “Por más de 200 años, este país ha adherido al imperio de la ley, con un éxito sin paralelo”, escribió la jueza en su decisión, que puso en evidencia violaciones a la Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que impide allanamientos y cateos no requeridos. “Un giro hacia un país basado en una autoridad extraconstitucional sería prohibido, además de desaconsejado”.

La acción derivó de la acción adelantada por el abogado Brandon Mayfield, convertido al Islam, quien demandó al Gobierno por haber sido encarcelado e interrogado por error tras los atentados del 11 de marzo de 2004, en Madrid, donde murieron 191 personas. Recibió dos millones de dólares por daños y perjuicios, tras asumir las autoridades un error al interpretar una huella digital.

Condena de la Sociedad Interamericana de Prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la ley Patriota en su 59na. Asamblea en Chicago, entre el 10 y el 14 de octubre de 2003. “La ley Patriota de Estados Unidos permitiría al Gobierno acceso a los archivos y fuente de los medios de comunicación por razones de seguridad nacional”, lo que atentaría contra el tercer principio de la Declaración de Chapultepec en las Américas, de 1994: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”. 
Fecha de la Noticia: 06 de Junio de 2008
Fuente: DIario La Verdad

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