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Chávez da marcha atrás con ley de inteligencia

junio 8, 2008

El Nuevo Herald

Durante una transmisión televisada, Chávez dijo que algunos aspectos de la ley son ‘‘indefendibles”, y citó específicamente el artículo 16 de la ley, que establece una obligación legal de cooperar con los organismos de inteligencia a toda clase de personas, organismos privados y organizaciones sociales, so pena de recibir sanciones incluyendo prisión hasta por 10 años.

“Si una persona se niega a cooperar, ¿la vamos a meter presa? Es una extralimitación. Por lo tanto, yo decido que vamos a corregir la ley de inmediato y he nombrado una comisión para corregir y redactarla de otra manera”, acotó el mandatario en su alocución.

“La ley no es mala, no. Pero tiene elementos que los utilizan nuestros adversarios, para generar miedo. Una campaña de terror está desatada por internet, por los mensajitos de texto, por la televisión, por la prensa, la radio, el rumor: que viene la dictadura. Aquí no hay dictadura”, dijo Chávez.

El Presidente admitió como una equivocación que “no es pequeña” parte de la redacción de la ley, y “donde nos equivoquemos hay que aceptarlo”.

La admisión de Chávez se produjo luego de que importantes organizaciones y personalidades, entre ellas agrupaciones estudiantiles, academias y la Iglesia Católica, expresaran un duro rechazo a la normativa.

El propio cardenal Jorge Urosa declaró el viernes que la ley constituía una violación de los derechos humanos, calificándola de “regresiva y restrictiva”, y mostró su alarma porque los sacerdotes fueran obligados a violar el secreto de confesión bajo la nueva normativa.

“No podemos transigir, porque hay un derecho que tienen los fieles a la privacidad, al secreto de lo que le dicen al confesor y no podemos convertir al confesor en delator”, declaró el prelado en una entrevista esta semana.

Líderes estudiantiles anunciaron también manifestaciones callejeras la semana entrante, y diversos sectores, principalmente medios de comunicación y académicos de las escuelas de leyes de todo el país, promovieron un cuestionamiento sistemático de la legislación, que fue oficializada la semana pasada sin pasar por el debate público.

Expertos y analistas aseguraron que la ley establece una sociedad de “soplones”, y está inspirada en el modelo cubano de inteligencia, que se basa en una red social de informantes a través de los Comités de Defensa de la Revolución, que suministra datos a las autoridades sobre supuestas conspiraciones y disidentes del gobierno.

La analista militar y académica Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental que monitorea el sector militar y de seguridad en Venezuela, que condujo una campaña de críticas contra el instrumento jurídico, dijo a El Nuevo Herald que el anuncio presidencial “es un logro de toda la sociedad civil”, y dijo que Chávez retrocedió porque advirtió que el alcance de la ley “afectó sensiblemente los parámetros del mundo chavista”.

ocasto@herald.com

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