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Se agotaron posibilidades en casos de rehabilitaciones dice Contralor

junio 8, 2008

UNIÓN RADIO –

El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, afirmó que aunque los inhabilitados tienen todo el derecho de seguir haciendo los planteamientos que consideren necesarios en el máximo organismo contralor se “agotaron” las posibilidades de admitir algún recurso.

 

Respecto a la manifestación que acudió a la sede del órgano contralor a protestar las inhabilitaciones, afirmó que “la marcha realizada ayer por sectores de la oposición que protestan la inhabilitación de las cuales han sido objetos algunas personas se enmarca dentro de los planteamientos de una democracia tan profunda como la venezolana”.

 

En exclusiva al Centro de Noticias Unión Radio, manifestó, “lo fundamental allí es la determinación de responsabilidades administrativas por el mal manejo de los fondos públicos de un grupo de ciudadanos que se determina que no pueden desempeñar cargos públicos; pero no se corresponde con la verdad el hecho que no pueden elegir, ellos pueden votar, casarse, divorciarse y tienen todos sus derechos civiles y políticos, excepto el de desempeñar cargos públicos por un período muy breve”.

 

“Yo se los he dicho, porque además cuando la Contraloría General de la República toma una decisión debe advertir a las personas sancionadas cuales son los recursos que le queden, y siendo esta una decisión firme tomada por la CGR de conformidad administrativo y legal venezolano vigente que recurran en consecuencia ante la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa, pero en la CGR ya se agotaron todas esas posibilidades”.

 

Indicó que la decisiones de sanciones tienen tiempo tomadas pero manifestó que “tienen todo el derecho del mundo de seguir haciendo los planteamientos que consideren necesarios, las manifestaciones que a bien tengan, pero sus abogados y abogadas son gente con una amplísima cultura jurídica y general, son una especie de manantial de argumentos pero nosotros en CGR creemos que ese era nuestro deber y obligación para evitar que el patrimonio público sea lesionado”.

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